En la zona de Escuintla, (Guatemala, centro América"), no menos de cinco inmuebles están invadidos desde el año anterior. Sin duda que la mayor invasión era la finca El Suquite que pertenece a la Empresa Portuaria Quetzal, que estuvo tomada por grupos aparentemente campesinos por lo menos en tres ocasiones.

En cada caso fueron desalojados por la Fuerza Pública, pero la última vez, el gobierno actuó de forma honorable al reconocer que los labriegos aunque no residían en el lugar, tenían significativos cultivos cuya producción estaba destinada al sostenimiento de sus familias por lo que las autoridades portuarias negociaron con los trabajadores.

De acuerdo al informe de las partes, la Empresa Portuaria Quetzal, financió la compra de una finca para que en ella fueran ubicados los campesinos. Eso se convirtió en otro asunto problemático de Estado que dos semanas después provocó una convocatoria campesina de unas cinco mil almas frente al palacio de gobierno.

La compra venta de la finca que para los campesinos había sido un malogro; tras la concentración, los actores del negocio rescataron el inmueble a favor de los trabajadores. Otro caso parecido fue el de la Finca La Arenera, donde el litigio concluyó con la compra del inmueble por parte del Estado para dársela a los campesinos.

En los dos casos, al final, el gobierno ha tutelado un "final feliz". Pero porqué esperar que las cosas se pongan color de hormiga para actuar. Si en estos casos se evidencia justicia o luz al final del túnel, se interpreta más como otra conquista social, es decir, el producto de la presión popular.

Se trata de un problema de vivienda. Unas seiscientas personas están posesionadas de una importante porción de tierra frente al Barrio Peñate, un terreno circulado con muro de cemento conocido como Los tanques, porque ahí están instalados unos gigantescos recipientes metálicos de los que nadie hasta el momento pudo decir de qué se trataron esas instalaciones, ni cercanos a la autoridad municipal.

Lo cierto es que ahí cada invasor tiene ya marcado su terreno, un lote de 10 por 15 metros aproximadamente, según manifestaron los vecinos consultados en el lugar. Al preguntar por sus líderes, dijeron estaban en su labores particulares y otros en sus negocios.

Una humilde señora madre de familia dijo "nosotros nos venimos para acá, porque nosotros tenemos necesidad de una tierra donde hacer nuestra casa y los del comité averiguaron que esto no tiene dueño". Otros dijeron que eso es de Finanzas y otros que es del Ministerio de Educación.

En ese lugar funciona la Supervisión de Educación del Municipio porteño, a cargo de la licenciada Telma Grajeda, quien dijo que ahí ha estado siempre esa Dirección y lo único que sabe es que los terrenos pertenecen al Ministerio de Energía y Minas, lo cual fue ratificado por el Director Departamental de Educación, Rony Peláez Lam.

De esto deben estar enteradas las entidades de gobierno, en primer lugar el Ministerio de Gobernación porque a este le corresponde efectuar los desalojos por seguridad pública. El Ministerio de Educación porque ahí está una Dirección bajo su mando. El Ministerio de Comunicaciones porque a estos corresponde velar por la vivienda.

El Ministerio de la Defensa porque ellos tienen control sobre incidentes que amenacen la seguridad del Estado. Entonces, ¿Qué están pensando? ¿Desalojar a los ocupantes y permitir que vuelvan a invadir, volver a desalojarlo y esperar otra manifestación para concederles sus peticiones? Y otra vez, nos preguntaremos si esto fue justicia o conquista social.

Como estos logros se producen en medio de la anarquía no hay nada pre-programado, no hay estudios por lo que no se sabe nada de la condición social y económica de los beneficiados por lo que es donde surgen los estigmas de injusticias de la justicia, pues muchos de los invasores reciben un bien inmerecido.

Según observación de vecinos porteños, tanto en las invasiones para producción agrícola como en las de vivienda, los actores son dos tipos de personas, unos que ya tienen la costumbre de andar invadiendo para luego vender a precios altos luego se gastan el dinero y siguen pobres a la espera de otra invasión.

En tanto que otros son propietarios, incluso afortunados "casa tenientes", igual, han hecho sus posesiones a costa de invasiones y que muchas veces utilizan a gente muy pobre enviándolos a la "lucha" financiándolos para luego quedarse con el logro de sus maniobras usurpadoras.

Para algo debe servir el censo nacional. Por ejemplo, debe estar anotado el déficit de vivienda en el departamento de Escuintla, pero eso se debiera de con convertir en una problemática en cuestión para el Estado, para elaborar una estadística como herramienta para tener localizados con nombres y apellidos a todos los pobladores.

Esa información puede obtenerse por medio de los Comités Comunitarios de Desarrollo, Cocodes, los cuales funcionan adscritos a la municipalidad, por lo que sólo se trata de ver la eficiencia gubernamental como producto de la llamada "voluntad política" para que empiecen a solucionarse los problemas en materia de invasiones.

Ese registro permitiría ver quienes son los necesitados de vivienda y los campesinos que necesitan tierra, en opinión de decenas de personas que voluntariamente vertieron sus opiniones y criterios sobre ese problema.

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